La Globaización nos supera… la politca y gobiernos deben correr mucho para poder acercarse

Política, economía e ideas sobre el mundo en españolComercios ilícitos, los ganadores de la globalización

Francis Ghilès, 30 noviembre 2018

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Un informático al lado de una pantalla gigante donde se ve como el centro de investigación INRIA ha sido atacado por un ransomware, Rennes, Francia. AFP/Getty Images

La transformación tecnológica y la globalización han sido utilizados de manera maestra por las organizaciones criminales para expandir sus negocios e incrementar de manera exponencial sus flujos de capital.

fDark_commerce_coverDark Commerce: How a New Illicit Economy Is Threatening Our Future

Louise I. Shelley

Princeton University Press 2018

El dinero oscuro, el comercio oscuro o el comercio ilícito son todas formas de delincuencia transnacional. Hasta hace muy poco, estos eran temas que rara vez se trataban en conversaciones sociales, pero están cambiando la política, la economía y las sociedades a escala global muy rápidamente y de maneras que muchas personas todavía ignoran. En un artículo reciente publicado por Politico, el ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden y Michael Carpenter argumentaban que “el dinero oscuro extranjero está amenazando la democracia”. Lo mismo ocurre en el Reino Unido, donde la idea de que la votación del Brexit de 2016 fue “manipulada” cada vez se toma más en serio.

El argumento es que en las últimas tres décadas la globalización económica ha facilitado el comercio ilícito a una escala sin precedentes, situándose muy por delante de la capacidad de los cuerpos de seguridad y de los responsables políticos para controlarlo. La tecnología ha cambiado los fundamentos del comercio, tanto en las economías legítimas como en las ilegales, y ha roto con todos los precedentes históricos. En Dark Trade, How a New Illicit Economy is Threatening Our Future [Comercio oscuro: cómo una nueva economía ilícita está amenazando nuestro futuro], Louise I. Shelley cuenta la apasionante historia de cómo vendedores, intermediarios y compradores consiguen enormes ganancias en cortos periodos de tiempo sin apenas tener que rendir cuentas. “Las nuevas formas de comercio ilícito, vinculadas a los ordenadores y a las redes sociales, funcionan como si tomaran esteroides”. En el mundo cibernético, escribe la autora, especialmente en su parte más oculta, la Dark Web o Internet Oscura, en la que se entra solo a través de un software especial de anonimización como TOR, “los pagos ya no se realizan en monedas avaladas por el Estado. Por el contrario, los clientes pagan sus compras en una plétora de nuevas criptomonedas, de las cuales Bitcoin es la más conocida. Además, en este mundo ilícito, incluso los productos han cambiado y muchos ya no pueden ser tocados o intercambiados por manos humanas. De hecho, muchos de los comerciantes ilícitos más dañinos compran productos basados ​​únicamente en algoritmos, como malware, troyanos, botnets, ransomware (que niega a los usuarios el acceso a sus datos) y spam, comercializado por proveedores maliciosos tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado. Las franquicias y los alquileres de estos productos también están disponibles en la dark net, una red informática de acceso restringido que se usa principalmente para compartir ilegalmente archivos peer-to-peer”.

En esta absorbente, y muy desagradable, historia las ventas masivas de narcóticos y pornografía infantil, el cada vez mayor tráfico sexual y la venta de especies en peligro de extinción ascienden ahora a cientos de millones de dólares. Los productos virtuales mencionados anteriormente han “perjudicado enormemente a ciudadanos comunes, robando sus identidades, sus contraseñas y el dinero de sus cuentas bancarias”. Las pérdidas provocadas solo por el ransomware “se estiman en un total de 5.000 millones de dólares en 2017, y únicamente en 2014 se perdieron 15.400 millones por robo de identidad”. Esta explosión y la transformación tecnológica que la hizo posible no estaban previstas, lo que hace que la situación sea aún más difícil de resolver, algunos dirían que incluso desesperada, porque “la expansión de Internet se interpretó originalmente casi únicamente como una fuerza para el bien”.

La autora señala que “las mayores tasas de crecimiento del comercio ilícito fuera del ámbito cibernético se producen en los delitos medioambientales”. Es sorprendente leer que “los mercados de carbono mal regulados, creados en Europa para comerciar con permisos de emisiones de carbono que pretendían fomentar que países y empresas limitaran sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), han acabado proporcionando una inesperada fuente de ingresos a un variado grupo de perpetradores, incluidos banqueros, comerciantes, miembros del crimen organizado y terroristas, y llevaron a la pérdida de 5.000 millones de euros por parte de la UE: el delito más costoso que han sufrido nunca sus principales miembros”.

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La policía de Kenia confisca colmillos de elefantes y cuernos de rinocerontes con los que se comercia ilegalmente. TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

Louise I. Shelley tiene un capítulo muy interesante titulado “¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”. Insiste en que, más allá de la creciente competencia global y la movilidad de bienes, dinero y personas, “la gran inestabilidad política y la corrupción en el mundo contemporáneo debilitan el comercio legal” y para muchas personas la participación en la economía ilícita es un medio de supervivencia. Esta inestabilidad tiene múltiples causas: las problemáticas transiciones de los Estados comunistas, el aumento de los conflictos regionales, el papel de actores no estatales y terroristas o el desplazamiento de decenas de millones de personas. La ocupación rusa del Donbás y Crimea ha convertido a estas regiones en un “paraíso para los contrabandistas”. Corea del Norte, por su parte, ha financiado parcialmente su programa nuclear y los gastos del Estado “gracias al contrabando, fomentado por las instituciones, de moneda, drogas, partes de animales salvajes y tabaco”. La rápida urbanización de Siria en el periodo previo a la guerra civil hizo que la población urbana pasara de 8,9 a 13,8 millones de personas y el comercio corrupto de los derechos de agua agravó aún más los efectos de los años de sequía. El agotamiento de los recursos y el cambio climático están alimentando los conflictos, la corrupción y el comercio ilícito en muchos lugares del mundo.

Ahora tenemos que vérnoslas con cosas como Silk Road, el primer cibersupermercado de narcóticos, armas, etcétera, cerrado en 2013, al que siguió Dread Pirate Roberts. A medida que un gobierno clausura un sitio web, surgen otros. Los ciberdelincuentes no distinguen entre Estados más o menos desarrollados: un grupo de criminales fue condenado en Estonia en 2016 por infectar con malware cuatro millones de ordenadores, en un total de cien países, en un fraude multimillonario. Mientras tanto, los grupos del crimen organizado tradicional, como la mafia y la Camorra italianas, la Yakuza japonesa y las triadas chinas “se han adaptado rápidamente a las posibilidades del mundo globalizado”.

Un reciente artículo en el diario Financial Times, Cómo llegó la mafia a nuestra comida, hace que uno se pregunte si la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se han quedado dormidos al volante. Cuando a esto se añaden las pérdidas registradas en los mercados de carbono de la UE mal regulados mencionados anteriormente, surge la pregunta de si la Unión es capaz de hacer reformas. La autora cuenta con gran detalle “la trágica trayectoria del comercio de cuerno de rinoceronte”, explica los nuevos modelos de negocio adoptados por los grupos criminales, analiza el comercio ilícito de armas, drogas y tabaco y cita un estudio de 2013 en 55 Estados en desarrollo realizado por Global Financial Integrity en el que algunos economistas estimaron que “los flujos ilícitos de salida de capital —fundamentalmente mediante facturaciones comerciales falsas—, supusieron 947.000 millones de dólares en 2011, lo que representa aproximadamente el 3,7% del PIB combinado de estos países”.

Gran parte de estas actividades están contribuyendo a destruir el planeta, como la autora bien explica en un capítulo séptimo que resulta muy doloroso de leer. Aproximadamente 68,5 millones de personas viven actualmente desplazadas como resultado de conflictos, desastres naturales o procesos de desertificación o inundaciones que han hecho que sus hogares y sus tierras resulten inhabitables. En las últimas décadas, los mercados han tomado la delantera a los gobiernos, pero, como muestra el libro en su conclusión, la respuesta al crecimiento del comercio ilícito, usando el ejemplo de los medicamentos “no son únicamente unas mejores políticas regulatorias o la actuación contra las farmacias ilícitas que venden esas medicinas, sino facilitar el acceso a la atención médica y conseguir que los medicamentos sean más asequibles”. La toma de conciencia y la educación son fundamentales, pero, como sabemos, los periodistas de investigación están cada vez más en la línea de fuego —e incluso en un estado de la UE como Malta, la periodista Daphne Caruana Galizia, miembro del equipo de los Papeles de Panamá y parte de un equipo que investigaba el contrabando de petróleo, fue asesinada con una bomba en su coche hace un año—.

Solo podemos esperar que las escalofriante historias que cuenta este extraordinario libro actúen como una llamada de atención para todos aquellos que están preocupados por nuestro futuro colectivo. Está muy bien escrito, en un estilo claro y preciso que solo aumenta su poder de convicción.

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La “codicia” de una empresa española mató a 500 pobres, según la Seguridad Social de Panamá

Recurso ante el Tribunal Constitucional del archivo del caso del jarabe asesino

La Seguridad Social de Panamá (Caja de Seguro Social) señala a la “codicia” de los directivos de una empresa española como causante de la muerte de medio millar de personas y del envenenamiento de miles al ingerir un jarabe para la tos que las autoridades sanitarias repartieron gratis por las zonas más pobres del país. La Caja de Seguro Social apunta como responsable del envenenamiento masivo a la empresa española Rasfer Internacional SA, con sede en Barcelona, en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aprobó el archivo de la causa decidido por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

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Delfín Mújica, de 76 años, es una de las últimas víctimas reconocidas del jarabe asesino, desde que se detectaron los primeros casos en 2005. Falleció el pasado mes de julio en un hospital privado de Chiriqui (Panamá). Según sus familiares ya no toleraba la diálisis. El archivo de la causa en España ha provocado la indignación de las víctimas que se han manifestado frente a la embajada de España y el edificio de la Presidencia de la República.

Rasfer Internacional SA compró en China 9.000 kilos de glicerina y la exportó a la seguridad Social de Panamá que en su propio laboratorio elaboró 216.685 frascos de jarabe para la tos. La glicerina contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol tóxico para consumo humano, un alcohol de uso industrial utilizado como refrigerante y líquido para los frenos. En la cadena de intermediarios desde China a Panamá nadie paralizó el envío o advirtió del peligro pese a que el producto llevaba la etiqueta TD de uso industrial, no apto para consumo humano.

“Como en el caso de la colza española, con el cual guarda un innegable paralelismo, el origen de todo estuvo, como suele pasar, en la codicia humana de los directivos de una empresa española, Rasfer Internacional SA, quienes para incrementar sus beneficios exportaron a la sanidad panameña glicerina solicitada por Panamá para fines farmacológicos pero comprada en China por Rasfer para uso industrial (más barata) a sabiendas de su destino final para el consumo humano en medicamentos”, señala el recurso.

“Es evidente que Rasfer no sabía que la glicerina TD comprada en China, no apta para usos farmacológicos, contenía dietilenglicol, pero causaron una masacre en Panamá al cometer un fraude entregando glicerina industrial TD a la importadora panameña cuando se les pidió glicerina farmacológica CP. Por mucho menos los aceiteros de la colza fueron a la cárcel”, añade el escrito de 36 folios presentado por los abogados Jaime Ingram y José Luis Mazón, representantes de la Caja de Seguro Social de Panamá que se considera perjudicada y actúa en el procedimiento español como acusación particular. La Seguridad Social de Panamá destaca que ha “asumido altísimos costes sociales y económicos” derivados de la muerte y lesiones del jarabe asesino en sus asegurados.

La Caja de Seguro Social de Panamá critica el archivo de la causa por la Audiencia Nacional, lo califica de “simulacro de Justicia”y asegura que se ha enmascarado “las evidentes responsabilidades de los directivos de Rasfer convirtiendo lo importante (que Rasfer sabía que lo enviado por China era glicerina TD o industrial) en nimio, y lo nimio (que Rasfer no estaba obligada a analizar los bidones de glicerina) en importante, observando una especie de obstinada y continua negativa a investigar o a practicar pruebas pertinentes o razonables para el esclarecimiento de los hechos como manda la ley”.

El organismo panameño solicita el Tribunal Constitucional que se practique una comisión rogatoria a China para esclarecer todas las circunstancias del pedido de Rasfer Internacional y recoge las declaraciones de un viceministro chino que aseguró que Rasfer fue informada por correo electrónico “de que la glicerina contratada no estaba autorizada para uso farmacológico en China”. “De haberse investigado y verificado ese extremo estaríamos ante un delito doloso y no meramente imprudente, un concurso de estafa y delitos contra la vida”.

El juez Ismael Moreno sostiene en su auto de archivo que Rasfer no tenía obligación de reanalizar la mercancía y el magistrado Enrique López de la Sala de lo Penal responsabiliza en su resolución al grupo panameño Medicom que encargó la glicerina a Rasfer y sustituyó el etiquetado de la mercancía.

Pese a que las autoridades de Panamá solo han reconocido, hasta el pasado mes de julio, la muerte de 171 personas, el recurso de la Seguridad Social panameña eleva la cifra a 500.

 

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