Colau “de amagadillo” frena la concesión de ayudas sociales en Barcelona

Colau ordena a los servicios sociales frenar la concesión de nuevas ayudas

Los sindicatos ven “muy grave” una instrucción “extraoficial”
Varias personas hacen cola en servicios sociales de Nou Barris.
Varias personas hacen cola en servicios sociales de Nou Barris. Joan Sànchez

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha echado el freno en la concesión de nuevas ayudas sociales. Los directores de los centros de servicios sociales han recibido la instrucción de no conceder nuevas prestaciones “o hacer las mínimas”, según alertan los sindicatos CC OO, UGT y CGT, que han pedido explicaciones “urgentes” a los responsables del área. El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) recuerda que Barcelona es la ciudad española en la que más ha aumentado el gasto social en los últimos años. El organismo alerta, sin embargo, de que “los recursos no son infinitos”.

Los tres sindicatos lanzaron la alerta el pasado martes, cuando, tras recibir información sobre la demanda de restringir ayudas desde varios centros, calificaron la situación de “muy grave”. Los sindicatos solicitaron por carta una reunión urgente a la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y al gerente Jordi Sánchez. “Para que nos expliquen la situación actual y las medidas previstas para mantener y garantizar la calidad del servicio y para atender el impacto directo que tiene sobre el trabajo de los profesionales y el funcionamiento del servicio”, precisaron en su escrito.

La demanda de restringir las ayudas, subrayan fuentes sindicales, no se ha realizado por escrito, sino “de manera no oficial”. Se trata de ayudas que las familias reciben por distintos motivos: gastos escolares, de alimentación, salud o transporte, explican fuentes del sector. Las mismas que reconocen que desde las ventanillas del Ayuntamiento se conceden “ayudas troceadas” que no serían necesarias si la Generalitat no denegara un porcentaje tan alto de solicitudes de renta garantizada. Ayer mismo, el Colegio de Trabajadores Sociales aseguró que el Gobierno catalán deniega un 73% de las peticiones de Renta Garantizada de Ciudadanía.

En la carta de los sindicatos de los centros del Ayuntamiento, además de citar las ayudas, también se apunta a la restricción del pago de pensiones, un recurso al que el Ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir por la emergencia habitacional provocada por los desahucios y la falta de un parque de pisos públicos. Con la Mesa de Emergencias colapsada y lista de espera de meses, se recurre a veces al pago de pensiones para familias que no tienen alternativa. En paralelo, las ayudas del IMSS para pagar vivienda han aumentado un 158% entre 2014 y 2017 (de 4.400 ayudas y 1,8 millones de euros, a 8.300 ayudas y 4,8 millones).

El IMSS y el área de Derechos Sociales respondieron ayer con datos que avalan el esfuerzo que el actual gobierno hace en gasto social. El presupuesto del IMSS ha aumentado un 62% entre 2014 y 2017. “Ha pasado de 95 millones de euros a 154 millones”, señalan las mismas fuentes, que alaban que, “en contexto de crisis, los profesionales han actuado como dique de contención y han afrontado situaciones complicadísimas que, lejos de remitir, se incrementan”. “Pese al aumento de recursos, estos no son infinitos y hay que adecuarse a las previsiones presupuestarias. No solo porque el Ayuntamiento no tiene capacidad de generar déficit, sino por responsabilidad con los recursos públicos”, apuntan.

Las mismas fuentes municipales recuerdan que en este mandato se ha producido una mejora en la coordinación entre los responsables y los profesionales de los servicios sociales y que se ha pactado el programa Impulsem, con 20 medidas de reforma y mejora. También se ha creado una oficina que centraliza los trámites burocráticos para liberar a los profesionales de este capítulo y se ha aumentado la plantilla en 153 personas, un 28% más.

Además de la alerta por la restricción de ayudas, los trabajadores sociales vuelven a denunciar esta semana que su presencia en los desahucios de familias con menores empeora su vínculo con los usuarios, por la falta de alternativas que pueden ofrecer. “Nos obligan a estar en los desahucios, una práctica que está en las antípodas de nuestra ética profesional y nos convierte en cómplices y comparsa de las comitivas judiciales”, alertan en un comunicado.

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